El Vengador Justiciero

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viernes, 23 de septiembre de 2011

Vivir el Sueño Americano en forma de Pesadilla Prisionera

 

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La residencia en la tierra de 2,5 millones de estadounidenses está entre rejas. Si añadimos a las personas en espera de juicio y en libertad condicional, la cifra es de 7,3 millones.

El 25 por ciento de los presos de todo el planeta está encerrado en las centenares de cárceles federales, estatales, regionales y privadas de los EE UU, un país donde reside el 5 por ciento de la población mundial.

Es la proporción más alta del mundo, similar a la de Rusia durante los peores momentos de los gulags estalinistas: uno de cada 31 adultos estadounidenses está en la cárcel (más que en China, que tiene una población cinco veces superior).

Los porcentajes tienen colores si se miden racialmente: uno de cada once negros afroamericanos vive encerrado, igual que uno de cada 27 latinos y uno de cada 45 blancos.

La criminalidad ha bajado un 25 por ciento en el país desde 1988, pero en ese mismo periódo la población reclusa se ha cuadruplicado.

¿Motivos? Entre otros, la aplicación judicial de la política ejecutiva de la guerra contra las drogas -que envía a prisión a casi cualquier persona involucrada con narcóticos, sea cual sea el nivel: consumo personal o tráfico a gran escala- y la demente consideración de que las faltas leves deben ser objeto de condena.

"Jenar Jury" © Deborah Luster

"Jenar Jury" © Deborah Luster

El 20 por ciento de los internos está en la cárcel por motivos que en los demás países de Occidente conllevarían una multa o el cumplimiento de trabajos comunitarios: pintar un grafiti en un transporte público: hasta un año de prisión; llevar encima 100 gramos de marihuana en Texas: 15 años; en 13 estados, la acumulación de tres condenas remiten inevitablemente a cadena perpetua.

La mitad de los presos han sido condenados por delitos no violentos, sobre todo hurtos o robos.

Como no podía ser de otra forma en un país donde los balances contables prenden en el ánimo colectivo con más fuerza que ningún otro parásito, las prisiones estadounidenses también son un negocio. Desde la década de los años ochenta, muchos centros de detención han sido privatizados. Unas 18 grandes empresas tienen bajo custodia a unos 20.000 presos en 27 estados.

"Female Blood", 1995. © Jamel Shabazz

"Female Blood", 1995. © Jamel Shabazz

La mayor de las sociedades privadas metidas en el negocio carcelario es la Correctional Corporation of America (CCA), que en su último informe fiscal declaró 1.669 millones de dólares de ingresos anuales. Gestiona 60 cárceles en las que cumplen condena 90.000 personas. Por cada falta contra el reglamento, les imponen un mes más de arresto. Las organizaciones de derechos humanos han resaltado que en las instalaciones de la CCA se levantan ocho veces más infracciones que en las prisiones públicas y denuncian que la política de castigos tienen motivación económica: a más días en la cárcel, más dinero público entra en la caja de la compañía.

Los últimos datos oficiales (2006) señalan que el coste anual del sistema penitenciario estadounidense es de 68.700 millones de dólares.

Quien tenga interés por ahondar en los detalles de este panorama demencial puede consultar la excelente y completa web de la organización independiente y sin ánimo de lucro Prision Policy Iniciative.

 

Pete Brook

Pete Brook

La culpa es de Pete Brook, editor de la web Prision Photography. Este historiador y crítico fotográfico, nacido en Inglaterra, alucinó en un viaje a los EE UU en 2004 cuando experimentó el desinterés general por la cuestión del sistema penitenciario.

“A pesar de que la población reclusa se haya cuadriplicado en 30 años, ¿cuándo aceptó la población que eso era correcto?, ¿a partir de qué momento dejaron de importar las alternativas?”, declaró hace unos días en una entrevista.

Desde entonces Brook se ha dedicado a un intenso trabajo de investigación y difusión en torno a los muchos fotógrafos que han documentado la vida en las cárcel. Su intención es demostrar a través de los ojos de estos reporteros la necesidad de una profunda reforma del sistema penitenciario estadounidense y un modo “creativo” de afronatar la rehabilitación de los internos.

“Las cárceles de los EE UU son social y económicamente insostenibles. Tal como existen, son una carga… y son ignoradas“, dice.

"Trapped" © Jenn Ackerman

"Trapped" © Jenn Ackerman

Prision Photography obtuvo este año premios como uno de los mejores blogs de fotografía concedidos por Life y el British Protography Journal.

Ahora Brook pretende extender el trabajo de estos cuatro años con el proyecto Prison Photography on the Road: Stories Behind the Photos para el que está buscando financiación en Kickstarter. Solicitaba 7.500 dólares y ya ha recolectado casi 9.000.

Quiere recorrer los EE UU para entrevistar a 40 fotógrafos, educadores, activistas y terapeutas y que propongan soluciones al problema.

Inserto el vídeo de Brook explicando el proyecto. Quedan todavía unos días para que se cierre la recaudación.

A veces uno sabe que las fotos y el periodismo siguen estando del lado correcto de la vida. Ésta es una de esas veces.

Un “must see” de los reportajes en video.

 

Fuente y agradecimientos: Ánxel Grove

martes, 13 de septiembre de 2011

Disminuye la confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de Derecho

 

Disminuye la confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de Derecho

Madrid. 13/09/11.- El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho. Por el contrario, la ciudadanía apunta que el grado de satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo muy elevado, con una puntación media del 6,9. Además, el estudio subraya que para 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un mayoritario apoyo a la Ley de Acceso.

  • En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis económica de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad.

  • El estudio sociológico destaca además que el diagnóstico sobre la situación en nuestro país de la garantía y protección de los derechos fundamentales de la persona experimenta también un claro retroceso: para un 55%, España se encuentra, en esta materia, en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más avanzados (en el III Barómetro, realizado en 2008, daba esta respuesta un 62%), pero un 31% cree que estamos en el grupo del cola (casi el doble de quienes daban esa repuesta hace tres años: 17%).

  • La mayoría (un 54%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27% opina que son suficientes (hace tres años estos porcentajes eran mucho más cercanos entre sí: respectivamente, el 47% y el 39%).

El diagnóstico sobre la Administración de Justicia: lenta, anticuada y complicada

  • La Administración de Justicia sufre también un severo juicio de los encuestados. La sociedad española considera que:

    • Funciona mal

    • Da una imagen anticuada

    • Es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella

    • Su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio

    • En muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal

    • Con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar "fuera de onda" respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, a la hora de dictar sentencia por lo general no actúan con total independencia.

En suma, tal y como ahora están las cosas, la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente. 

  • No todo es negativo: junto a todo lo anterior, la ciudadanía piensa también que nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades; que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene; que en general los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas (aunque luego, tiendan a dejarse influir); y que, en todo caso,  son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea.

  • Ocho de cada diez españoles piensan que la Administración de Justicia debe ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento como cualquier otro poder del Estado.

Severo veredicto sobre el CGPJ

  • Ocho de cada diez españoles piensan que el CGPJ, tal y como ahora está organizado, necesita una reforma urgente y profunda

  • Siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales

  • Seis de cada diez consideran que no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.

  • La nota media con la que califican a esta institución es de un 4,6.

La satisfacción con los abogados: notable

  • En el momento actual representan ya un 55% los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico.

  • La utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. La consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita ha logrado que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.

  • Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción con los servicios recibidos sigue siendo muy elevado, ya que la satisfacción de conjunto es puntuada con un 6.9, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7.9), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7.3). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6.7).

  • Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que en 2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 2005: el estado general actual del ánimo colectivo, ya aludido con anterioridad, puede sin duda explicar esta tenue matización de las mismas.

  • Los ciudadanos valoran especialmente en los abogados su capacidad para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (para un 62 por ciento) frente a los que valoran más su experiencia en juicios para tratar de conseguir el máximo posible (35 por ciento).

Apoyo mayoritario a la Ley de Acceso: 85 por ciento a favor

  • Para un 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un amplio apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos.

Los abogados, entre los grupos sociales más valorados

  • Los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros colectivos jurídicos (notarios, jueces, fiscales...) e instituciones como el Defensor del Pueblo, con una nota media de 5,2.

  • Esta posición y valoración ciudadana es incluso más positiva si se atiende a la naturaleza de sus funciones, ya que el abogado es abogado de parte, es decir, goza de la confianza total de su representado, pero al mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía, pero no es así. Los españoles consideran que, mediante la defensa de sus representados, los abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo una función de interés público.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

La probabilidad de quiebra y salida del euro de Grecia roza el 90%

 

La tragedia griega sigue su curso. Septiembre será un mes clave, no sólo para el euro sino para el futuro político de la canciller germana, Angela Merkel, tal y como avanzó Libre Mercado. Aunque la crisis del euro acaba de superar su primera gran prueba de fuego este mes, aún quedan varias citas y asuntos importantes por dilucidar en las próximas semanas, de cuya resolución dependerá en gran medida el futuro de Grecia.

El Tribunal Constitucional de Alemania acaba de raificar este miércoles la legalidad del rescate heleno, aunque su fallo podría obligar a modificar una vez más las reglas de juego acordadas el pasado julio por el Eurogrupo. Sin embargo, a finales de septiembre el Parlamento alemán tendrá que dar luz verde a la ampliación y flexibilización del actual Fondo de rescate europeo y, por el momento, Merkel se está enfrentando a una auténtica revolución entre las filas que conforman su Gobierno. Se espera que la votación sea muy ajustada y, de hecho, no se descarta que Merkel logre sacar su plan adelante con el apoyo de los grupos de la oposición, lo cual podría provocar una crisis política en su coalición. Además, la inmensa mayoría de los alemanes rechaza ampliar el Fondo.

Por otro lado, la negociación entre la troika -autoridades internacionales- y Atenas sigue paralizada tras la negativa de Grecia a aplicar nuevos recortes para cumplir con su objetivo de reducción de déficit para 2011. En este sentido, el ministro de Finanzas germano, Wolfgang Schäuble, advirtió el martes a Atenas de las consecuencias que tendría dicho incumplimiento. Y es que, Alemania se niega a abonar el próximo plazo de ayudas a Grecia si no aplica nuevos ajustes presupuestarios. "Esto se debe saber en Grecia. No existe margen alguno para la toma de decisiones". Si a ello se suma, además, la problemática sobre la exigencia de avales para seguir prestando dinero planteada por Finlandia, la situación de Grecia sigue siendo límite.

Así, al menos, lo están interpretando los mercados. La rentabilidad del bono heleno a 1 año supera ya el 80% y el de dos años el 50%. ¿Y esto qué significa? La probabilidad de quiebra pura y dura y consiguiente salida del euro a un año vista roza el 90%, según el mercado de credit default swaps (CDS), un seguro para proteger inversiones en caso de impago.

Actualmente, es el país con mayor riesgo de impago del mundo, tras Portugal, Venezuela e Irlanda. Italia se sitúa en el noveno puesto del ránking justo por delante de España, que se mantiene en el décimo puesto de la lista de países con mayor riesgo de impago, con casi un 30% de probabilidad.

De hecho, Grecia también lidera este particular ránking a dos años vista. Sus bonos a dos años cotizan con un interés superior al 50%, por encima de lo que el mercado exige a Portugal y Venezuela.

Ante tal situación no es de extrañar que algunos bancos y analistas empiecen a barajar los posibles efectos que conllevaría la salida de la Unión Monetaria. En concreto, el banco suizo UBS acaba de elaborar un informe en el que estima el coste económico y social de tal panorama, con unas conclusiones dramáticas: default estatal y empresarial, colapso financiero, un coste de hasta el 50% del PIB y grave caos social.

En el caso particular de Grecia, el regreso al dracma (o la moneda nacional que determine Atenas) conllevaría una devaluación próxima al 60% respecto al euro, tomando como referencia el precedente de Argentina.

El default soberano y la consiguiente devaluación implicaría a su vez un fuerte encarecimiento del crédito, debido a que se dispararía aún más la prima de riesgo del país y la banca permanecería paralizada. El prohibitivo coste que alcanzaría el capital impactaría de forma directa sobre el tejido empresarial heleno en forma de impagos masivos que redundarían, a su vez, en la insolvencia de la banca, tal y como detalla Forbes. El sistema financiero colapsaría por completo

Por ello, el coste de la recapitalización bancaria correría a cargo de los depositantes. Es decir, la devaluación monetaria implicaría la imposición de un estricto control de capitales o un corralito bancario temporal para evitar la retirada masiva de depósitos nominados en euros. La conversión de euros a dracmas, vía incautación del 60% del valor de los depósitos nominados en euros, permitiría la supervivencia del sistema financiero. Por último, el comercio exterior sería otro de los grandes perjudicados, ya que la importación de bienes y servicios se encarecería de forma sustancial.

 

Fuente: LibreMercado.

Breve comentario:

Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar

La cosa se está poniendo tremendamente complicada. Particularmente para los depositantes de líquido en entidades financieras se abre un período de meditación sobre los posibles efectos que todo ello tendría si les alcanza la debacle. Lógicamente, existen medidas a tomar … y yo no descartaría irlas estudiando.